¿Qué falla en la Ley de Dependencia?

1. Una de cada cuatro familias. Hasta enero se han presentado 1.162.047 solicitudes de reconocimiento de situación de dependencia. Proceden de dos grupos: ancianos (el 79% de quienes necesitan esta ayuda tienen más de 65 años) y discapacitados (el 21% de los solicitantes). Casi una de cada cuatro familias españolas está afectada por este problema, según un estudio de la Fundación Caser.

2. ¿Qué dice la ley? Apoya a quienes necesitan ayuda en su vida diaria. Prioriza la prestación de servicios -teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencias- y establece que las ayudas económicas son excepcionales, aunque suponen el 50% de la prestación económica. El Estado transfirió en 2009 a las autonomías 400 millones de euros para potenciar estos servicios.

3. Medio millón de prestaciones. Ya se han dictaminado más de un millón de solicitudes (el 90% de las presentadas). Tienen derecho a prestación 752.262 personas, aunque 250.000 de ellas están aún esperando para recibirla. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha afirmado que le preocupan esas personas que esperan ayudan aunque añade: "hay otras 500.000 que sí la están recibiendo". El dinero procede a partes iguales de la Administración central y de las autonomías.

4. Más rapidez en los trámites. Paulino Azúa, del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, señala que desde hace un año se nota más voluntad de armonía entre administraciones. En enero, las comunidades fijaron un máximo de seis meses para entregar las ayudas. Hoy tardan entre 15 y 18 meses de media, aunque hay grandes diferencias entre las autonomías.

5. Ayudar a quien ayuda. En la mayoría de los casos la cuidadora (el 81% son mujeres, según la Fundación Caser) es alguien de la familia o sin formación. Así que las comunidades autónomas se han comprometido a analizar no sólo las condiciones del dependiente, sino también de la persona que le ayuda, para garantizar que ambos están en buenas condiciones.

6. El mismo rasero. Uno de los principales problemas de la ley es la forma en que se está aplicando en cada comunidad autónoma. Mientras en algunas se reducen los procedimientos (Castilla y León o País Vasco), en otras se alarga el proceso, como la Comunidad Valenciana o Madrid, cuyo procedimiento se ha recurrido ante el Tribunal Supremo. También sería necesario igualar la baremación del grado de dependencia. Ahora "una persona es considerada dependiente en una comunidad, pero si se va a otra, puede que no lo sea porque los criterios y las personas que los aplican son diferentes", apunta Paulino Azúa.