El Cormin destaca la necesidad de avanzar más allá de la eliminación de barreras físicas
La normativa en tramitación insiste en el acceso a la sociedad de la información y suple una ley que se incumple
La sociedad es compleja, diversa, cambiante... No sólo los discapacitados que muchas veces reducimos desde el prejuicio a la categoría de colectivo minoritario, casi ajeno a la propia comunidad, sino la sociedad en su conjunto -con todas sus limitaciones, los problemas que pueden surgir a cualquiera en la vida y que cambian su relación con el entorno- debe aceptar la diferencia como parte de nuestra vida cotidiana y la necesidad de eliminar obstáculos como un derecho más. Nuestra sociedad se enfrenta este año a un nuevo reto a partir de que entre en vigor la nueva ley foral de accesibilidad prevista para el próximo mes de abril. Una ley ambiciosa que pretende diseñar un nuevo marco normativo que va más allá de la "revisión" de la actual legislación sobre barreras arquitectónicas.
Una ley que los responsables del Cormin (Comité de representantes de personas con discapacidad), protagonistas de su redacción, llaman de "segunda generación" porque pretende posibilitar un acceso a "cualquier entorno y que beneficia a todos", aseguran Valentín Fortún es y preside el Consejo Territorial de la ONCE, y Javier Miranda por su parte es responsable de Ibili y coordina la comisión de accesibilidad del Cormin. Ambos coinciden en que la barreras mentales y políticas son más resistentes que las físicas.
La nueva ley foral de "igualdad de oportunidades y accesibilidad universal" traslada a su vez los principios de la revolucionaria ley estatal del 2003 (de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad), extensión que están haciendo las diferentes autonomías. "Todo un salto en el ejercicio de los derechos de las personas", admite Javier. La nueva versión foral tiene a su vez dos grandes virtudes. "Se ha pasado de la eliminación de barreras a la accesibilidad universal, de las adaptaciones y acondicionamientos al diseño para todos", indica. Un nuevo diseño adaptado para "todos los ciudadanos no exclusivamente para discapacitados".
Hasta ahora las políticas públicas en materia de discapacidad que se han desarrollado desde la época de la Transición han tenido como talón de Aquiles el tema de la accesibilidad. La propia ley foral de 1988 de barreras físicas y sensoriales, todavía en vigor, no ha sido suficiente y, sobre todo, ha dejado sin desarrollar todo aquello que tiene que ver con la accesibilidad sensorial, "sencillamente porque no se ha reglamentado". La vieja normativa ha sido incumplida además reiteradamente, admite Miranda, "y no ha habido consecuencias". "Algo más flagrante que el hecho de que se sigan abriendo locales que son inaccesibles...".
Los obstáculos han llegado incluso en el diseño de nuevas urbanizaciones residenciales. El principal déficit en su diseño ha sido la "comunicación". "No puedo saber en qué calle me muevo porque no hay un etiquetado que puede ser leído detrás de un móvil", explica Fortún, que agrega que son cuestiones que no las puedes reclamar porque no hay una reglamentación". La accesibilidad total es mucho más. Significa que un invidente como él pueda transitar por la calle y, en un momento dado, cruzar un semáforo con señales acústicas, que pueda identificar un comercio porque dispone de un dispositivo para ello en el bolsillo... "Que pueda leer una cartelería anunciando un evento, coger un autobús y me diga cuando abre la puerta qué línea es y a qué parada se va a aproximando. O por ejemplo que una persona con discapacidad intelectual sepa por diferentes colores en la marquesina qué autobús coge...", explica Fortún. Normalidad asumida por otro lado en países como Suiza o Japón. "Poder tramitar una gestión en Hacienda y que no me tenga que acompañar nadie, desde el conserje hasta la documentación, accesible para que yo la maneje y la trabaje", añade. En ese escenario ideal habría una ventanilla única en la Administración para que "yo desde mi casa pudiera entrar y acceder a información. O en el ámbito de las relaciones comerciales y de ocio...".
negocio La accesibilidad es un sector donde, al igual que la dependencia, se puede generar empleo y oportunidades de negocio. Miranda reconoce que la tecnología es el mejor "aliado" que podemos tener para conseguir la autonomía. "Que nosotros mismos podamos decidir sin intermediarios", indica. Además de autonomía, este tipo de avances suponen un ahorro económico importante. Una persona que requiera cuidados médicos y controles periódicos podría aprovechar la pantalla del televisor para estar con su médico y "con la incorporación de unos sensores que le pudieran medir la tensión y otras variables". La telemedicina ya es una "realidad" en muchos países.
derechos fundamentales Los problemas de la discapacidad y la falta de autonomía colisionan además con derechos fundamentales de los ciudadanos como es el de asociación. Pertenecer a un partido, a un sindicato, a un colectivo, puede volverse una dificultad por falta de accesibilidad, vulnerando así derechos fundamentales de las personas, advierte Miranda. Otro aspecto importante sobre el futuro de la discapacidad es la domótica, la sustitución de funciones físicas de una vivienda por elementos mecánicos y programables con el empleo de la informática. "La casa hecha un robot para que tú puedas manejarte y ser autónomo, resolver tus problemas como levantarte de la cama, sin estar pendiente de que venga nadie". Desde el Cormin se ha hecho un esfuerzo importante para que propuestas de domótica fueran incluidas en las nuevas normativas sobre vivienda aunque se quejan de las escasas ayudas.
El ámbito laboral es otro de los campos minados pero también donde se están dando los mayores avances desde la Administración que está obligada a reservar el 5% y las empresas privadas el 2% a partir de una plantilla de 50. Ninguna de estas exigencias se cumple. Una comisión mixta de acceso a la función pública está trabajando en adaptar nuevos puestos. Existe además una subreserva del 2% para personas con discapacidad intelectual que, en realidad, jamás podrían "optar a una oposición. A lo mejor para que una persona con síndrome de Down sea un conserje no tiene porqué aprenderse el Fuero", observan.
Se prevé que la ley foral esté lista para abril y "nos satisface mucho que haya ido de la mano de todos los partidos". Lo que preocupa realmente es que se dote de presupuesto porque de lo contrario no se podrían implementar nuevas medidas.
La normativa en tramitación insiste en el acceso a la sociedad de la información y suple una ley que se incumple
La sociedad es compleja, diversa, cambiante... No sólo los discapacitados que muchas veces reducimos desde el prejuicio a la categoría de colectivo minoritario, casi ajeno a la propia comunidad, sino la sociedad en su conjunto -con todas sus limitaciones, los problemas que pueden surgir a cualquiera en la vida y que cambian su relación con el entorno- debe aceptar la diferencia como parte de nuestra vida cotidiana y la necesidad de eliminar obstáculos como un derecho más. Nuestra sociedad se enfrenta este año a un nuevo reto a partir de que entre en vigor la nueva ley foral de accesibilidad prevista para el próximo mes de abril. Una ley ambiciosa que pretende diseñar un nuevo marco normativo que va más allá de la "revisión" de la actual legislación sobre barreras arquitectónicas.
Una ley que los responsables del Cormin (Comité de representantes de personas con discapacidad), protagonistas de su redacción, llaman de "segunda generación" porque pretende posibilitar un acceso a "cualquier entorno y que beneficia a todos", aseguran Valentín Fortún es y preside el Consejo Territorial de la ONCE, y Javier Miranda por su parte es responsable de Ibili y coordina la comisión de accesibilidad del Cormin. Ambos coinciden en que la barreras mentales y políticas son más resistentes que las físicas.
La nueva ley foral de "igualdad de oportunidades y accesibilidad universal" traslada a su vez los principios de la revolucionaria ley estatal del 2003 (de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad), extensión que están haciendo las diferentes autonomías. "Todo un salto en el ejercicio de los derechos de las personas", admite Javier. La nueva versión foral tiene a su vez dos grandes virtudes. "Se ha pasado de la eliminación de barreras a la accesibilidad universal, de las adaptaciones y acondicionamientos al diseño para todos", indica. Un nuevo diseño adaptado para "todos los ciudadanos no exclusivamente para discapacitados".
Hasta ahora las políticas públicas en materia de discapacidad que se han desarrollado desde la época de la Transición han tenido como talón de Aquiles el tema de la accesibilidad. La propia ley foral de 1988 de barreras físicas y sensoriales, todavía en vigor, no ha sido suficiente y, sobre todo, ha dejado sin desarrollar todo aquello que tiene que ver con la accesibilidad sensorial, "sencillamente porque no se ha reglamentado". La vieja normativa ha sido incumplida además reiteradamente, admite Miranda, "y no ha habido consecuencias". "Algo más flagrante que el hecho de que se sigan abriendo locales que son inaccesibles...".
Los obstáculos han llegado incluso en el diseño de nuevas urbanizaciones residenciales. El principal déficit en su diseño ha sido la "comunicación". "No puedo saber en qué calle me muevo porque no hay un etiquetado que puede ser leído detrás de un móvil", explica Fortún, que agrega que son cuestiones que no las puedes reclamar porque no hay una reglamentación". La accesibilidad total es mucho más. Significa que un invidente como él pueda transitar por la calle y, en un momento dado, cruzar un semáforo con señales acústicas, que pueda identificar un comercio porque dispone de un dispositivo para ello en el bolsillo... "Que pueda leer una cartelería anunciando un evento, coger un autobús y me diga cuando abre la puerta qué línea es y a qué parada se va a aproximando. O por ejemplo que una persona con discapacidad intelectual sepa por diferentes colores en la marquesina qué autobús coge...", explica Fortún. Normalidad asumida por otro lado en países como Suiza o Japón. "Poder tramitar una gestión en Hacienda y que no me tenga que acompañar nadie, desde el conserje hasta la documentación, accesible para que yo la maneje y la trabaje", añade. En ese escenario ideal habría una ventanilla única en la Administración para que "yo desde mi casa pudiera entrar y acceder a información. O en el ámbito de las relaciones comerciales y de ocio...".
negocio La accesibilidad es un sector donde, al igual que la dependencia, se puede generar empleo y oportunidades de negocio. Miranda reconoce que la tecnología es el mejor "aliado" que podemos tener para conseguir la autonomía. "Que nosotros mismos podamos decidir sin intermediarios", indica. Además de autonomía, este tipo de avances suponen un ahorro económico importante. Una persona que requiera cuidados médicos y controles periódicos podría aprovechar la pantalla del televisor para estar con su médico y "con la incorporación de unos sensores que le pudieran medir la tensión y otras variables". La telemedicina ya es una "realidad" en muchos países.
derechos fundamentales Los problemas de la discapacidad y la falta de autonomía colisionan además con derechos fundamentales de los ciudadanos como es el de asociación. Pertenecer a un partido, a un sindicato, a un colectivo, puede volverse una dificultad por falta de accesibilidad, vulnerando así derechos fundamentales de las personas, advierte Miranda. Otro aspecto importante sobre el futuro de la discapacidad es la domótica, la sustitución de funciones físicas de una vivienda por elementos mecánicos y programables con el empleo de la informática. "La casa hecha un robot para que tú puedas manejarte y ser autónomo, resolver tus problemas como levantarte de la cama, sin estar pendiente de que venga nadie". Desde el Cormin se ha hecho un esfuerzo importante para que propuestas de domótica fueran incluidas en las nuevas normativas sobre vivienda aunque se quejan de las escasas ayudas.
El ámbito laboral es otro de los campos minados pero también donde se están dando los mayores avances desde la Administración que está obligada a reservar el 5% y las empresas privadas el 2% a partir de una plantilla de 50. Ninguna de estas exigencias se cumple. Una comisión mixta de acceso a la función pública está trabajando en adaptar nuevos puestos. Existe además una subreserva del 2% para personas con discapacidad intelectual que, en realidad, jamás podrían "optar a una oposición. A lo mejor para que una persona con síndrome de Down sea un conserje no tiene porqué aprenderse el Fuero", observan.
Se prevé que la ley foral esté lista para abril y "nos satisface mucho que haya ido de la mano de todos los partidos". Lo que preocupa realmente es que se dote de presupuesto porque de lo contrario no se podrían implementar nuevas medidas.
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