"La inclusión social es la manera más eficaz de reducir los costes de la discapacidad"

Nathalie Domínguez. FOTO: Jorge Villa / Madrid- 22/03/2011 Fuente:"Solidaridad Digital"
Beatriz Martínez Ríos, investigadora galardonada por su estudio sobre los costes extraordinarios de la discapacidad

El jurado del III Premio Cermi de Discapacidad y Derechos Humanos 2010-2011 no tenía ninguna duda: el trabajo de investigación "Aproximación a los costes extraordinarios de la discapacidad y su contribución a la pobreza desde un enfoque basado en los Derechos Humanos", elaborado por la investigadora Beatriz Martínez, destaca por "su rigor metodológico, la profundidad del análisis, su solvencia y la valiosa utilidad del enfoque económico, que abre un camino de investigación hacia el futuro de esencial interés para el desarrollo de las políticas de promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el contexto mundial”. Entrevistamos a su autora.


¿Cuál es la principal conclusión de su estudio?

Las personas con discapacidad asumen unos costes económicos extraordinarios en su vida diaria que incluyen, entre otros, aquellos derivados de los gastos médicos, la utilización de servicios o equipos especializados, los emanados de la necesidad de contar con asistencia personal, o los costes de oportunidad, en la mayoría de las ocasiones intangibles, derivados de la imposibilidad de participar en la sociedad por su falta de accesibilidad.


Cuando estos costes no son cubiertos la calidad de vida de las personas con discapacidad disminuye. La desventaja económica que la existencia de estos costes genera se traduce en muchas ocasiones en exclusión social, en pobreza, y en definitiva, en una falta de libertad que conduce a las personas con discapacidad a no poder disfrutar de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. Esta situación, aparentemente de importancia insignificante, en países pobres, puede implicar la falta de acceso a sus derechos fundamentales como son el derecho al agua, o al alimento, entre otros, e incluso, su falta de cobertura en algunas ocasiones puede llevar a la muerte a la persona con discapacidad.


Los estudios sobre pobreza demuestran que los costes de la discapacidad no se pueden reducir solamente mediante el aumento de los ingresos, sino que resulta necesario fomentar además el desarrollo de políticas dirigidas a eliminar las barreras a las que las personas con discapacidad se enfrentan en su proceso de inclusión en la sociedad, barreras como las psicológicas, las físicas, las de acceso a la información, etc., y en general, todas aquellas que no permiten su participación como miembros activos de la sociedad en todas sus esferas (la vida política, la educación, el empleo, y el ocio, entre otras).


A este respecto se puede concluir en que la inclusión social es la manera más eficaz de reducir los costes de la discapacidad. Una inclusión efectiva requiere la transversalización de la discapacidad en la legislación, en el desarrollo de políticas y en la puesta en marcha de programas y acciones desde la concepción de las mismas, permitiendo la participación de las personas con discapacidad desde el inicio del proceso regulador.



¿El impacto económico que soportan las familias con algún miembro con discapacidad está en función del tipo de discapacidad?

Sí, la naturaleza de los costes depende del tipo de discapacidad. Los estudios revisados adjudican distintos valores a los costes económicos según el tipo de discapacidad, y estos tienen un impacto económico que se extiende a los familiares u otras personas de su entorno que las asisten, y que en muchas ocasiones son mujeres. Esta dedicación supone tener que renunciar a otras actividades como pueden ser la realización de un empleo, la asistencia a programas de formación, o simplemente el acceso a una vida social más activa. A este respecto la no cobertura de los costes extraordinarios genera pobreza.


Sin embargo, aunque el impacto económico está en función del tipo de discapacidad también lo está en función de otros factores importantes como son la severidad de la discapacidad, la edad, el sexo, la situación socioeconómica, la composición del hogar, el ámbito geográfico y otros factores personales. Al evaluar el impacto económico de la discapacidad es esencial tener en cuenta todos estos factores de manera interseccional, puesto que todos ellos se refuerzan, y de forma integral, nos hablarán verdaderamente de la situación de pobreza en la que puede encontrarse la familia.


¿Cuál es la principal causa de los gastos: adaptación de la vivienda, gastos ortoprotésicos,…?

No existe una causa principal, las causas son tan heterogéneas como las personas, si bien éstas se pueden agrupar por tipos de discapacidad. Digamos, más bien, que los costes aparecen como consecuencia de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, o también, que cuando los costes extraordinarios no son cubiertos la persona se encuentra en una situación de desigualdad con respecto a las demás. Por ejemplo, si una persona con discapacidad física no puede salir de su casa por la existencia de barreras arquitectónicas se encontrará excluida de la sociedad y su participación se verá mermada con la consiguiente pérdida por parte de la sociedad de su potencialidad y la aparición de costes extraordinarios.


¿El desempleo en las personas con discapacidad es la principal causa de pobreza en este colectivo o hay otros factores no tangibles?

El desempleo es una causa fundamental ya que supone una pérdida de ganancias que se traduce en un coste de oportunidad para la persona desempleada y una disminución de su nivel de vida. Esta situación repercute en la sociedad que aumenta el gasto social en pensiones. Sin embargo, el paradigma debe cambiar y las personas con discapacidad deben verse como generadoras de riqueza, personas en las que hay que invertir para que puedan contribuir a la creación de recursos. Invirtiendo en la reducción de los costes extraordinarios de la discapacidad, éstas podrán desarrollar su potencial y capacidades plenamente, incluyéndose de manera activa en el mercado laboral.


Hay que concienciar a los gobiernos de que el coste de la no inclusión y de la injusticia social es muy alto. Invertir en el empleo de las personas con discapacidad es invertir en la sociedad, pero para ello es necesario trabajar para crear sociedades inclusivas y abiertas a la diversidad.


Si la Estrategia Europea 2020 se propone reducir la pobreza en 20 millones de europeos, ¿no habría que empezar por las personas con discapacidad?

Por supuesto, teniendo en cuenta que existen 65 millones de mujeres y hombres con discapacidad en Europa y, que según estudios recientes, más de la mitad de las personas con discapacidad viven en una situación de pobreza relativa cuando se contabilizan los costes extraordinarios que soportan, es fundamental considerar a las personas con discapacidad como una población diana sobre la que hay que incidir para que nos salgan las cuentas.


Además, según las teorías económicas, para conseguir un crecimiento económico sostenible es necesario reducir la desigualdad, y por tanto es esencial trabajar con los sectores más pobres, entre los que se encuentran los hombres y más aún las mujeres con discapacidad. Son necesarias unas condiciones económicas que cubran los costes extraordinarios de la discapacidad, permitiendo la participación de todos los actores, incluidas las personas con discapacidad, en los sistemas de producción y consumo para que exista un crecimiento sostenible e igualitario de manera que la cohesión social sea una realidad. Es decir, que la riqueza producida se reparta equitativamente entre los ciudadanos sin que existan situaciones en las que ésta quede monopolizada por un sector reducido de la población.


¿Cómo se puede trabajar para reducir la pobreza de las personas con discapacidad a través de las políticas de cooperación para el desarrollo?

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos que establece que la cooperación internacional debe utilizarse como una herramienta fundamental para conseguir la conquista de los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad. Para ello, es fundamental que España, como país que ha ratificado la Convención, establezca los mismos estándares y exigencias en su política nacional que en su política internacional.


Si se quiere lograr un avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es necesario que se tengan en cuenta los derechos de las personas con discapacidad en las políticas de desarrollo y que la discapacidad se transversalice en todas las acciones que se lleven a cabo siempre desde un enfoque basado en los derechos humanos. Esta situación tendría un efecto catalizador y repercutiría en muchas personas con discapacidad que viven en situación de pobreza. Para ello, es fundamental que las organizaciones de personas con discapacidad también sean consultadas en el diseño, desarrollo y evaluación de estas políticas para que sean inclusivas.