"No permitiré que mi hijo se sienta excluido"

Fuente ABC-Cataluña
ESTHER ARMORA / BARCELONA

Montse y Francesc, padres de Sergi, un niño autista de 11 años de Reus (Tarragona), se quedaron de piedra cuando a principios de abril recibieron una notificación del colegio Joan Rebull de esta localidad, en el que está escolarizado su hijo, avanzándoles que no podían llevar a su pequeño a una excursión programada para los días 2 y 3 de junio.

Hoy, dos semanas después del comunicado, los padres, que han denunciado al centro por discriminar a su hijo, aseguran a ABC que ni las autoridades educativas ni la dirección de la escuela les han dado aún «una explicación convincente». La directora de Servicios Territoriales de la consejería de Enseñanza, Maria dels Àngels González, indicó que el colegio ha tomado esta decisión por «una cuestión de seguridad y para evitar riesgos». Sin embargo, Montse defiende la plena capacitación de su hijo para realizar estas actividades y apela al último informe psiquiátrico de Sergi, que, según explica, «constata que está perfectamente capacitado para ir de excursión en grupo». La madre refuerza su defensa con un reciente comunicado del servicio de comedor del colegio que, según apunta, ratifica también la «buena adaptación del menor». Ante la negativa del centro a que su hijo fuera de colonias, Montse se ofreció a viajar con él y encargarse de su cuidado, aunque, según dice, «tampoco lo permitieron». «He llegado a pensar que es por falta de recursos por los recortes, aunque no creo que sea así porque no me han dejado acompañarle», apunta Montse, quien asegura que «no permitiré que mi hijo se sienta excluido».

«La ley nos apoya» Ella y su marido decidieron poner el caso en manos del colectivo Papás de Álex, centrado en la defensa de niños con discapacidad, y optaron por denunciar al colegio por discriminación y vulneración de derechos del menor. Enviaron un burofax a la dirección de la escuela en el que exponían que la Ley 14/2007 de los derechos y oportunidades de la Infancia y Adolescencia «les apoya». Antonio Moreno, presidente del colectivo, explicó que esta normativa precisa que «las administraciones deben desarrollar sus actividades de modo que los niños y los adolescentes sean considerados y recogidos como ciudanos de pleno derecho». El colectivo ha instado también a las autoridades educativas a que abran un expediente administrativo al colegio y ha notificado el caso a la Fiscalía de Menores.