COMPRENDIENDO DIFERENTES TRANSICIONES: "LO NUEVO NOS DESCONCIERTA"

El pasado 28 de Enero FEVAS organizo una jornada de trabajo para padres y madres con la intención de dar respuestas a la inquietud y preocupación por el proceso escolar  relacionado con las transiciones: el cambio entre etapas educativas o el paso de una modalidad educativa a otra.

Durante esta jornada se trabajó en grupos para poner en común ideas y sugerencias que fueron plasmadas en propuestas. También conocimos experiencias, así como información entorno a la investigación desarrollada por FEVAS y la Universidad de Deusto en torno a la etapa de educación secundaria.

La jornada estuvo dinamizada por Eguzkiñe Etxabe responsable de Educación en FEVAS así como del área Educativa de APNABI (ATISMOBIZKAIA), también nos acompaño Delfín Montero del Departamento de Pedagogía Social y Diversidad de la Universidad de Deusto.

Las reflexiones y propuestas que surgieron en esta sesión de trabajo se trasladarán al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para que así el sistema educativo responda mejor a las demandas.

Ya estamos esperando nuevas jornadas!!!

Entendiendo Las Transiciones.fevas

El Tribunal Supremo ordena dotar de los medios necesarios a un Colegio con niños con TEA

vía autismoMadrid.org

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado a la Generalitat valenciana subsanar “sin demora” las insuficiencias registradas en un aula para niños y niñas con trastornos del entorno del Autismo (TEA) del Colegio Público “Tomás de Montañana”, de Valencia, que desde su puesta en marcha en 2006 continuaba sin los recursos materiales adecuados y sin personal educativo con la formación específica para atender a este tipo de alumnado.

Tal y como recoge la agencia de noticias EUROPA PRESS, así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativa en una sentencia en la que estima el recurso presentado por dos familias de niños TEA contra la resolución dictada en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que había fallado a favor de las Consejerías de Sanidad y de Educación y Deporte.



“EL RECURSO DE LAS FAMILIAS”

En su recurso, los padres denunciaron la “inactividad” de la Generalitat valenciana por no dotar de los medios necesarios al Aula de Comunicación y Lenguaje del Centro Educativo, lo que, a su juicio, perjudicaba el desarrollo de los menores.

En la demanda presentada se hacía constar que el aula era pequeña e inadecuada, carecía de medios materiales hasta febrero de 2007 y el personal, sin la experiencia adecuada, mezclaba a niños de edades comprendidas entre los 3 y 9 años. A su juicio, ello vulneraba los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la educación y a la integración de los menores.

La propia Administración estaba incumpliendo, según esta denuncia, un protocolo de la Consejería de Sanidad denominado “Guía de buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro autista”, que establecía que el tratamiento debía ser individualizado para cada caso. “Escolarizar a niños con autismo no significa aparcarlos en un aula si no se cuenta con un programa educativo solvente”, resaltaban.

La propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia reconocía que el aula no disponía de los medios necesarios y acogió el informe de un inspector de Educación que corroboró que el tutor debía ocuparse de entre 3 y 5 alumnos y, sin embargo, había nueve escolarizados. Con todo, la resolución consideraba que no se habían visto vulnerados los derechos a la educación y a la igualdad de los niños, lo cual motivó el recurso de los padres al Tribunal Supremo, el cual ha fallado en favor de estas familias.



”IGUALDAD EFECTIVA”

Ahora, el Tribunal Supremo alude a los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación al destacar que se exige a las Administraciones que dispongan de un profesorado especializado y de los medios y materiales precisos para atender adecuadamente a los alumnos con necesidades especiales.

”Adecuación a las específicas necesidades de estos alumnos, cualificación del personal, medios necesarios y programación con el objetivo último de asegurar su pleno desarrollo son las líneas maestras de la regulación legal que quiere hacer efectiva la educación en condiciones de igualdad real de estos niños”, sostiene la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo.

Los magistrados añaden que los niños que padecen autismo se encuentran en una posición de “desigualdad de partida”, que les hace “acreedores” de una respuesta adecuada a sus necesidades por parte de las Administrativas educativas. Por ello, la resolución anula la sentencia anterior, declara infringido el derecho a la educación de los alumnos y obliga a subsanar “sin demora” las insuficiencias de esta aula.

Finalmente, remarcan que el principio constitucional de protección discapacitados y el mandato de eliminar los obstáculos para favorecer una plena igualdad “exigen” a las Administraciones que ofrezcan a cada alumno el tratamiento acorde a sus necesidades para desarrollar su personalidad.

“Hay que pensar en las personas a las que educamos”

JORNADA EN HUELVA SOBRE CENTROS ESPECIFICOS DE EDUCACION ESPECIAL EN ANDALUCIA (26 de mayo de 2011)

En noviembre de 2010 el Defensor del Menor de Andalucia presentaba en el Parlamento Autonómico un interesante informe sobre los Centros de Educación especial, que recogía datos cuantitativos, analizaba sus virtudes y carencias, recopilaba opiniones en primera persona y ofrecía unas propuestas de mejora. La Jornada celebrada el pasado 26 de mayo en Huelva pretendía difundir públicamente el contenido de este documento y someterlo a debate y reflexión por los diferentes agentes (administración educativa, movimiento asociativo, profesionales…).

En este Encuentro se han intercambiado opiniones sobre la atención del alumnado en los centros de educación especial, se han analizado los datos, se han recogido experiencias y propuestas de la propia comunidad y de otros contextos… Todo ello con la idea de avanzar en la respuesta al alumnado más vulnerable del sistema escolar y con mayores necesidades de apoyo educativo, para que también puedan disfrutar de una vida inclusiva.

Entre los datos más destacables, mencionar que existen 59 centros de educación especial en los que están escolarizados 3.500 alumnos y alumnas con una necesidad intensa de apoyo o con necesidad de tratamiento específico. La mayoría de los centros son de titularidad privada y, en general, se demanda una reordenación, modernización y una mejora de estos centros.

La apuesta por el modelo de educación inclusiva es clara y, sin duda, exige avanzar en el modelo de centros, avanzar hacia centros inclusivos, aulas inclusivas, profesorado con actitudes inclusivas, practicas inclusivas… Todo un reto tanto para los centros ordinarios como para los denominados centros de educación especial. A todos corresponde:

• Identificar y minimizar las barreras que dificultan la participación, presencia y aprendizaje.
• Sensibilizar a todos los agentes sociales hacia un modelo de inclusión.
• Ser referentes inclusivos, en nuestras creencias y en nuestras prácticas.
• Crear redes de coordinación y colaboración entre centros y entre profesionales.
• Dar a conocer buenas prácticas y compartir conocimiento.

Los presentes en la jornada estaban de acuerdo en que para lograr una escuela inclusiva se precisa un claro liderazgo y unas políticas claramente definidas por las administraciones educativas que permitan avanzar en un nuevo modelo de funcionamiento de los centros de educación especial. Por otro lado, se hace necesario, en un entorno progresivamente inclusivo, definir el perfil de un colegio de educación especial.

Avanzar en inclusión implica un proceso de mejora. Es necesario traspasar los muros de cada centro, educar en competencias para la vida, hacerse presente en la sociedad, actualizar permanentemente el conocimiento de los profesionales, diseñar proyectos educativos inclusivos, compartir buenas prácticas… Asimismo, el respaldo y reconocimiento de la Administración es imprescindible.

Pero no es lo único, lo realmente importante es pensar en las personas a las que educamos. “Se educa a personas con discapacidad, y es crucial tener claro que LA PERSONA CON DISCAPACIDAD NO ES DEFICITARIA EN SU CONDICION DE PERSONA”. Se debe tener el pleno convencimiento de que toda persona, con los apoyos necesarios, puede mejorar. Para ello, hay que definir adecuadamente los proyectos de los centros. El eje ha de ser la persona a la que educamos y hay que concretar en qué se educa y cómo vamos a actuar cuando educamos. No se trata de “corregir, recuperar”, sino de adquirir competencias para la vida y para que puedan disfrutar de un proyecto de vida feliz. Un proceso que requiere profesionales implicados y comprometidos, con creencias, valores y actitudes, que conozcan técnicas, que desarrollen empatía y que sean éticos.

Sin duda, el encuentro fue intenso en contenido, en tiempo, en análisis, en debate. Se dio la voz a profesionales, a familias, a personas con discapacidad, a la administración… y se encontraron claves de consenso. Es evidente que hay que transformar las cosas y hay que comenzar ya, no hay tiempo que perder, el futuro de muchas personas depende de ello.


Para más información consultar la página del defensor del menor de Andalucía www.defensordelmenor-and.es

"La inclusión social es la manera más eficaz de reducir los costes de la discapacidad"

Nathalie Domínguez. FOTO: Jorge Villa / Madrid- 22/03/2011 Fuente:"Solidaridad Digital"
Beatriz Martínez Ríos, investigadora galardonada por su estudio sobre los costes extraordinarios de la discapacidad

El jurado del III Premio Cermi de Discapacidad y Derechos Humanos 2010-2011 no tenía ninguna duda: el trabajo de investigación "Aproximación a los costes extraordinarios de la discapacidad y su contribución a la pobreza desde un enfoque basado en los Derechos Humanos", elaborado por la investigadora Beatriz Martínez, destaca por "su rigor metodológico, la profundidad del análisis, su solvencia y la valiosa utilidad del enfoque económico, que abre un camino de investigación hacia el futuro de esencial interés para el desarrollo de las políticas de promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el contexto mundial”. Entrevistamos a su autora.


¿Cuál es la principal conclusión de su estudio?

Las personas con discapacidad asumen unos costes económicos extraordinarios en su vida diaria que incluyen, entre otros, aquellos derivados de los gastos médicos, la utilización de servicios o equipos especializados, los emanados de la necesidad de contar con asistencia personal, o los costes de oportunidad, en la mayoría de las ocasiones intangibles, derivados de la imposibilidad de participar en la sociedad por su falta de accesibilidad.


Cuando estos costes no son cubiertos la calidad de vida de las personas con discapacidad disminuye. La desventaja económica que la existencia de estos costes genera se traduce en muchas ocasiones en exclusión social, en pobreza, y en definitiva, en una falta de libertad que conduce a las personas con discapacidad a no poder disfrutar de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. Esta situación, aparentemente de importancia insignificante, en países pobres, puede implicar la falta de acceso a sus derechos fundamentales como son el derecho al agua, o al alimento, entre otros, e incluso, su falta de cobertura en algunas ocasiones puede llevar a la muerte a la persona con discapacidad.


Los estudios sobre pobreza demuestran que los costes de la discapacidad no se pueden reducir solamente mediante el aumento de los ingresos, sino que resulta necesario fomentar además el desarrollo de políticas dirigidas a eliminar las barreras a las que las personas con discapacidad se enfrentan en su proceso de inclusión en la sociedad, barreras como las psicológicas, las físicas, las de acceso a la información, etc., y en general, todas aquellas que no permiten su participación como miembros activos de la sociedad en todas sus esferas (la vida política, la educación, el empleo, y el ocio, entre otras).


A este respecto se puede concluir en que la inclusión social es la manera más eficaz de reducir los costes de la discapacidad. Una inclusión efectiva requiere la transversalización de la discapacidad en la legislación, en el desarrollo de políticas y en la puesta en marcha de programas y acciones desde la concepción de las mismas, permitiendo la participación de las personas con discapacidad desde el inicio del proceso regulador.



¿El impacto económico que soportan las familias con algún miembro con discapacidad está en función del tipo de discapacidad?

Sí, la naturaleza de los costes depende del tipo de discapacidad. Los estudios revisados adjudican distintos valores a los costes económicos según el tipo de discapacidad, y estos tienen un impacto económico que se extiende a los familiares u otras personas de su entorno que las asisten, y que en muchas ocasiones son mujeres. Esta dedicación supone tener que renunciar a otras actividades como pueden ser la realización de un empleo, la asistencia a programas de formación, o simplemente el acceso a una vida social más activa. A este respecto la no cobertura de los costes extraordinarios genera pobreza.


Sin embargo, aunque el impacto económico está en función del tipo de discapacidad también lo está en función de otros factores importantes como son la severidad de la discapacidad, la edad, el sexo, la situación socioeconómica, la composición del hogar, el ámbito geográfico y otros factores personales. Al evaluar el impacto económico de la discapacidad es esencial tener en cuenta todos estos factores de manera interseccional, puesto que todos ellos se refuerzan, y de forma integral, nos hablarán verdaderamente de la situación de pobreza en la que puede encontrarse la familia.


¿Cuál es la principal causa de los gastos: adaptación de la vivienda, gastos ortoprotésicos,…?

No existe una causa principal, las causas son tan heterogéneas como las personas, si bien éstas se pueden agrupar por tipos de discapacidad. Digamos, más bien, que los costes aparecen como consecuencia de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, o también, que cuando los costes extraordinarios no son cubiertos la persona se encuentra en una situación de desigualdad con respecto a las demás. Por ejemplo, si una persona con discapacidad física no puede salir de su casa por la existencia de barreras arquitectónicas se encontrará excluida de la sociedad y su participación se verá mermada con la consiguiente pérdida por parte de la sociedad de su potencialidad y la aparición de costes extraordinarios.


¿El desempleo en las personas con discapacidad es la principal causa de pobreza en este colectivo o hay otros factores no tangibles?

El desempleo es una causa fundamental ya que supone una pérdida de ganancias que se traduce en un coste de oportunidad para la persona desempleada y una disminución de su nivel de vida. Esta situación repercute en la sociedad que aumenta el gasto social en pensiones. Sin embargo, el paradigma debe cambiar y las personas con discapacidad deben verse como generadoras de riqueza, personas en las que hay que invertir para que puedan contribuir a la creación de recursos. Invirtiendo en la reducción de los costes extraordinarios de la discapacidad, éstas podrán desarrollar su potencial y capacidades plenamente, incluyéndose de manera activa en el mercado laboral.


Hay que concienciar a los gobiernos de que el coste de la no inclusión y de la injusticia social es muy alto. Invertir en el empleo de las personas con discapacidad es invertir en la sociedad, pero para ello es necesario trabajar para crear sociedades inclusivas y abiertas a la diversidad.


Si la Estrategia Europea 2020 se propone reducir la pobreza en 20 millones de europeos, ¿no habría que empezar por las personas con discapacidad?

Por supuesto, teniendo en cuenta que existen 65 millones de mujeres y hombres con discapacidad en Europa y, que según estudios recientes, más de la mitad de las personas con discapacidad viven en una situación de pobreza relativa cuando se contabilizan los costes extraordinarios que soportan, es fundamental considerar a las personas con discapacidad como una población diana sobre la que hay que incidir para que nos salgan las cuentas.


Además, según las teorías económicas, para conseguir un crecimiento económico sostenible es necesario reducir la desigualdad, y por tanto es esencial trabajar con los sectores más pobres, entre los que se encuentran los hombres y más aún las mujeres con discapacidad. Son necesarias unas condiciones económicas que cubran los costes extraordinarios de la discapacidad, permitiendo la participación de todos los actores, incluidas las personas con discapacidad, en los sistemas de producción y consumo para que exista un crecimiento sostenible e igualitario de manera que la cohesión social sea una realidad. Es decir, que la riqueza producida se reparta equitativamente entre los ciudadanos sin que existan situaciones en las que ésta quede monopolizada por un sector reducido de la población.


¿Cómo se puede trabajar para reducir la pobreza de las personas con discapacidad a través de las políticas de cooperación para el desarrollo?

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos que establece que la cooperación internacional debe utilizarse como una herramienta fundamental para conseguir la conquista de los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad. Para ello, es fundamental que España, como país que ha ratificado la Convención, establezca los mismos estándares y exigencias en su política nacional que en su política internacional.


Si se quiere lograr un avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es necesario que se tengan en cuenta los derechos de las personas con discapacidad en las políticas de desarrollo y que la discapacidad se transversalice en todas las acciones que se lleven a cabo siempre desde un enfoque basado en los derechos humanos. Esta situación tendría un efecto catalizador y repercutiría en muchas personas con discapacidad que viven en situación de pobreza. Para ello, es fundamental que las organizaciones de personas con discapacidad también sean consultadas en el diseño, desarrollo y evaluación de estas políticas para que sean inclusivas.

Oia se une por una niña con autismo

La historia de Isabel es la de una madre que lucha por una adecuada educación para su hija de tres años. Los médicos le hicieron pruebas el año pasado y diagnosticaron que la pequeña padece autismo. Isabel no está sola en esta batalla. Le apoya toda la comunidad escolar del colegio Mestre Manuel García, de Santa María de Oia.

Todos los padres y madres de los alumnos se reunirán hoy en el centro para analizar las medidas que pueden llevar a cabo para ayudar a esta familia que reside en el barrio de San Xián, en el municipio vecino de O Rosal. La pequeña necesita el apoyo en el aula de un profesor en pedagogía terapéutica y de un cuidador, que actualmente no forman parte de la plantilla del centro escolar.

El alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez, ha mediado ante la Consellería de Educación para que asigne ambos especialistas al colegio lo antes posible. También ha puesto todo su empeño el regidor de O Rosal, Jesús María Fernández Portela, para echar una mano a sus vecinos tocando puertas en los despachos de la Xunta donde puedan tener poder de decisión.

Al parecer, Educación ya ha iniciado los trámites para disponer de un cuidador o cuidadora en fechas próximas en el colegio. Pero hasta que no lo vean no lo van a creer, porque Isabel lleva desde el pasado mes de septiembre reclamando personal especializado para su pequeña en el colegio. Acudir a un centro específico le saldría muy caro y no hay ese tipo de oferta en el municipio de Oia.

Isabel lucha por que su hija pueda seguir integrándose en la comunidad escolar, donde la pequeña es muy querida, y por eso quiere que se dote al colegio de todos los medios necesarios.

El primer caso

Es la primera vez que se presenta un caso de este tipo en el colegio de Oia y, tanto los padres como los profesores, apuestan porque la niña pueda continuar en el centro. El profesorado hace lo que puede, pero resulta insuficiente con los medios actuales.

Isabel necesita esta atención porque, ante la falta de cuidadores, tiene que acudir al colegio siempre al mediodía para cambiarle los pañales a su hija. Hace cuatro o cinco viajes al día desde su casa hasta el colegio, una obligación que le impide tener la independencia que necesita para conseguir un puesto de trabajo. Por el momento cobra una ayuda social de 426 euros al mes, pero se le acaba el próximo mes de mayo y en su situación es imposible que pueda cumplir una jornada laboral.

La UNED publica dos guías para facilitar la integración educativa Una dirigida a alumnos y otra, a profesores

Dos publicaciones elaboradas por la UNED, a través de su Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad (Unidis), mejorarán la integración educativa de los alumnos. La primera de ellas, ‘Guía de adaptaciones y recursos para estudiantes con discapacidad”, proporciona un inventario de todos los servicios de que disponen los estudiantes para hacer de la integración una realidad fáctica y no una mera declaración de buenas intenciones.



Perfectamente estructura en función del objeto y del sujeto de las adaptaciones, la guía comienza con un capítulo interesante que permite abrir el ángulo de los lectores a los que se dirige. El concepto de la discapacidad, la naturaleza y consecuencias de la educación especial, terminología específica o el funcionamiento de la UNED y de Unidis son algunos de los asuntos que se bordan en este primer dintel.



Cómo cuándo un alumno requiere de adaptaciones referidas al formato, al tiempo y la modalidad de la evolución, al mobiliario; maneras de cumplimentar la matrícula y beneficiarse de las ayudas; especificación de la documentación necesaria o familiarizarse con el proceso de aprendizaje son algunas de las cuestiones que se detallan a lo largo de este interesante y necesario trabajo, elaborado por Ana Belén Andreu, Alejandra Pereira y Víctor M. Rodríguez.



La segunda de las publicaciones presenta un interlocutor indispensable en el proceso de integración educativa de las personas con discapacidad: el profesor. ‘Atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad. Orientaciones para el profesoprado’, reza el trabajo.



Coordinado por Víctor M. Rodríguez Muñoz, director de Unidis, cinco capítulos engloban temas de importancia vital para que el profesor conozca un poco mejor la realidad de sus alumnos con discapacidad y apague de manera definitiva la luz de los prejuicios, de los tópicos.



Estado de la legislación al respecto, acciones de asesoramiento, el porqué de las adaptaciones –en forma y fondo-, apoyo y sensibilización y, de especial relevancia, las especificidades de cada una de las tres grandes áreas de la discapacidad: sensitiva, física y psíquica. Todos estos temas, y algunos más que pespuntan un brillante trabajo en equipo, se recogen con exquisita claridad en este trabajo de consulta de gran valor.



Ambas guías suplen una laguna existente hasta ahora en el campus. Y la UNED, como tantas otras veces, ha querido abrir brecha y situarse a la vanguardia.



“Todas las personas que integramos la universidad nos hemos dado cuenta de que. Para lograr una verdadera igualdad de oportunidades, una universidad para todos, hay sin duda mucho que cambiar (edificios, muebles, libros, métodos de enseñanza, formas de evaluar…) pero, sobre todo, de que lo primero que hay que cambiar es precisamente una determinada forma de ver las cosas, una forma antigua, limitada e injusta de afrontar la diversidad humana, la que nos ha llevado a ver a algunas personas como ‘especiales’, y por ello, como ‘inferiores’ a nosotros, los ‘normales’ y como merecedores, por ello, de nuestra pena o ayuda, pero no como personas con idénticos derechos y deberes”, explica el director de Unidis.