El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, ha asegurado que la realidad de las personas con discapacidad es distinta a la de dependencia y por eso, con la ley de autonomía personal, "gran parte de personas con discapacidad van a quedar fuera, por lo que las políticas de discapacidad serán no sólo necesarias, sino imprescindibles".
Así lo indica Pérez Bueno en una entrevista publicada en el periódico "Balance de la dependencia", donde además asegura que "una ley, por más relevante que sea, no va a resolver ni a dar respuesta por sí misma a las necesidades de las personas con discapacidad".
En su opinión, "sería demasiado fácil que una ley tuviera tal potencialidad. La ley de dependencia, pese a sus deficiencias notables, es buena en la medida en que inicia el proceso de que los derechos sociales sean eso, derechos". Considera que el "encaje de la discapacidad" en esta ley fue "abrupto y forzado, en gran parte, porque no se concibió pensando en esta dimensión".
Además, apunta que "sólo una parte, minoritaria, de las personas con discapacidad van a ser sujetos destinatarios de la ley, un 30 ó 40% en 2015, cuando concluya su despliegue progresivo".
Según asegura en la entrevista, "la cartera de servicios de la ley es escasa, rígida y desenfocada. No está concebida en clave de promoción de la autonomía personal y la vida independiente, y abrevia en aspectos decisivos en modelos de política social ya superados".
Además, añade que "la evaluación que debería haberse hecho en 2010 tendría que dar paso a un proceso de revisión, actualización y ampliación ambicioso de largo alcance".
LEY DE DERECHOS SOCIALES
Pérez Bueno también hace alusión en la entrevista a una futura ley estatal que establezca unos mínimos en cuanto a los derechos sociales. "Esa nueva legislación debería establecer con rango de auténtico derecho el acceso a prestaciones y atenciones que aseguren la inclusión social, más allá del lugar en que se resida", indica.
En este sentido, recuerda que "el Estado autonómico no excluye que exista una regulación nacional que garantice los derechos sociales a la inclusión. El que no se haya intentado no significa que no sea factible".
Mirando hacia el futuro, el presidente del Cermi considera que 2011 "va a ser un año duro, de restricciones y, si no estamos alerta de cierto peligro, de retrocesos". Además, asegura que "el proceso de inclusión y participación plena en la vida en comunidad de las personas con discapacidad es irreversible, se ha desencadenado y no tiene vuelta atrás".
